La Audiencia de Granada acoge desde este lunes el juicio por los vertidos de la cárcel de Albolote

La Audiencia de Granada acoge desde este lunes el juicio contra varios ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), entre ellos el que fuera presidente de este organismo, Manuel Romero, por posible delito medioambiental en el caso de los supuestos vertidos ilegales de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión de Albolote (Granada).

Junto a Romero se encuentran un ex jefe de Calidad de Aguas de la CHG y el que fuera comisario de Aguas, Rafael A.G., cuyo juicio se ha fijado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial hasta el próximo 21 de septiembre.

La Fiscalía ha solicitado la absolución para los tres, mientras que la acusación particular, que ejerce la propietaria del cortijo afectado por los vertidos, pide para ellos seis años de cárcel y 17 de inhabilitación por un posible delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación ambiental.

El caso, que defiende el despacho Ruiz Rico Abogados, fue denunciado por esta particular en marzo de 2010, alegando que desde finales de los años noventa se habían causado «graves y reiterados daños» en una finca de su propiedad, el Cortijo Las Torres, situado en Colomera (Granada) donde se encuentra el cauce del arroyo Juncal, debido a vertidos de aguas residuales.

En su escrito absolutorio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía expone que la prisión de Albolote fue construida en 1995 y con el paso del tiempo, «a consecuencia del deterioro y mal funcionamiento de la estación depuradora», se han estado produciendo «reiteradamente», al menos desde diciembre de 2008, vertidos de aguas residuales al arroyo Juncal.

Aproximadamente en 2004, «de común acuerdo» entre el administrador del recinto penitenciario y el jefe de mantenimiento, según el fiscal «de forma clandestina» y sin que conste que el director de la prisión lo supiera, llevaron a cabo la construcción de un aliviadero con el que, a través de una tubería subterránea, se evacuaban lodos al cauce público sin ningún tipo de depuración.

Enrique Caracuel ordenó cambiar la depuradora en 2013

Este aliviadero estuvo en funcionamiento hasta 2013, cuando lo eliminó el centro penitenciario una vez que fue detectado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. La orden de eliminar dicho aliviadero fue dada por el entonces subdirector general de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel, que ostentaba el cargo desde apenas un año antes. Caracuel estuvo imputado en el juicio que ocupa la noticia pero, tras diversas investigaciones, el juez decidió que Caracuel no tenía responsabilidad cuando se dieron los hechos que se juzgan ya que no ocupaba ningún cargo en el organigrama de los Servicios Penitenciarios. y por ello decidió desimputarlo.

Además, y el juez lo explicitó así en la sentencia que dictaminó, era evidente la intención de Caracuel de corregir los errores de sus predecesores nada más llegar al cargo. Este hecho se puede comprobar teniendo en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia sobre los vertidos, Caracuel mandó reponer la estación depuradora por una nueva.

La Fiscalía hace alusión a, entre otros, un informe del Instituto de Medicina Legal de Valencia que, tras analizar las muestras tomadas por el Seprona, concluye que los vertidos «suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas».

No obstante, recuerda el fiscal que en la causa no están acusados ni el administrador del establecimiento penitenciario ni el jefe de mantenimiento, mientras que a su juicio «no consta que existiera una inactividad completa por parte de Instituciones Penitenciarias en el intento de controlar los vertidos».

De hecho, afirma que se tomaron medidas, como lo demuestran los escritos dirigidos a la CHG y la existencia de contratos de mantenimiento de las instalaciones con diversas empresas», aunque las medidas «fuesen insuficientes».

En igual sentido se pronuncia la Fiscalía sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por cuyo organismo consta que se incoaron diversos expedientes sancionadores.

A juicio del Ministerio Público, «la complejidad del organigrama de Instituciones Penitenciarias y del procedimiento para adoptar las medidas adecuadas y dotación de presupuesto que solventaran la calamitosa situación» de la depuradora de la cárcel, obligan a concluir que, a pesar de la realidad de los vertidos gravemente dañinos para el medio ambiente» y para el Cortijo Las Torres no cabe imputar los vertidos a los procesados.